Blog del Narco

CJNG el gobierno busca acabar con los Jaliscos pero no ha tocado a nadie importante

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Por presión externa, el gobierno mexicano busca desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ha congelado parte de sus activos y detenido a algunos integrantes; sin embargo, no detiene al “Mencho”, líder de la organización criminal. La violencia que ejerce el CJNG, que se ha extendido a 25 estados, ya es insoportable. Balaceras y embolsados en Baja California, Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Jalisco, son la constante. En el ataque más reciente murieron 13 policías estatales en Aguililla, Michoacán

Aunque el Gobierno Federal asegura que no existe una organización criminal que domine el país, autoridades locales reconocen que los índices de violencia se incrementaron con la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 25 de los estados en los que opera, desatando el terror especialmente en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Jalisco.

La producción y el trasiego de drogas, el apoderamiento de territorios a través de la extorsión y el secuestro, el robo de combustible, el lavado de dinero y una violencia brutal, son el sello del grupo delincuencial considerado el más poderoso de México por parte de autoridades de Estados Unidos.

Pese a que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador minimiza la expansión del CJNG, pintándolo como una fantasía, es el cártel más combatido en los primeros meses del sexenio, mediante acciones de aseguramiento de cuentas bancarias, la desarticulación de algunos de sus vínculos en el Poder Judicial Federal y unas cuantas detenciones.

Sin embargo, lo hecho hasta el momento por las autoridades mexicanas, más por presión del país del norte que por iniciativa propia, todavía no se traduce en una reducción del poder de la organización que presuntamente encabeza Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en coparticipación con sus socios y cuñados “Los Cuinis”, de la familia González Valencia, de Aguililla, Michoacán.

El combate a Jalisco ha tenido efectos colaterales, además de la violencia entre células de mafiosos y el ataque a policías, la desacreditación de funcionarios inmersos en la inactivación de las operaciones criminales, ya sea a través de la “inteligencia” o de la represión, como se sigue haciendo en diversos estados. Jefes policiales y secretarios de seguridad han tenido que renunciar a sus cargos, unos por señalamientos y otros por amenazas o miedo.

Tras hechos violentos como los ocurridos en la segunda semana de agosto de 2019 en Uruapan, Michoacán, donde 19 personas fueron asesinadas y colgadas en puentes vehiculares, y la aparición de un video donde se señalaba a algunos gobernantes supuestamente vinculados al crimen organizado, el Presidente López Obrador pidió públicamente a los integrantes del CJNG “no perjudicar a la población”.

Primero, fue en julio cuando a través de un videomensaje se acusó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de tener nexos con el CJNG. López Obrador defendió a su funcionario y negó cualquier posibilidad de que la versión tenga fundamento. Luego, en agosto, se señaló al mandatario jalisciense Enrique Alfaro de proteger a los contras de ese cártel. El propio AMLO dijo que no hacía caso a ese tipo de comunicaciones de delincuentes.
 

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