Blog del Narco

La disputa entre CJNG de "El Mencho" y "El Marro" por el control de Guanajuato a dejado 10 mil muertos en siete años

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La lucha por el territorio entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel Santa Rosa de Lima tiene sumido en la violencia al estado, gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pues de 2012 a noviembre de este año aumentaron de 2 a 64 los asesinatos de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales (3 mil 200 por ciento) y de 771 a 2 mil 531 los homicidios dolosos (328 por ciento).

En la entidad operan por lo menos cinco grupos criminales: La Unión, los cárteles del Golfo, de Sinaloa, el CJNG y Santa Rosa de Lima, pero estos últimos mantienen una guerra, que desde 2017 comenzó a colocar a Guanajuato como uno de los estados más violentos de México.

De 2012 a noviembre de 2019, en la entidad fueron asesinadas 10 mil 186 personas; en el mismo periodo fueron privados de la vida 166 uniformados de varias corporaciones, soldados del Ejército y elementos de la Guardia Nacional (GN).

En 2012 fueron ultimadas 771 personas: dos eran policías; en 2013 se perpetraron 641 homicidios; 5 eran uniformados; en 2014 se cometieron 709 crímenes: dos eran oficiales y en 2015 hubo 879 asesinatos, uno de un agente.

En 2016, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó 961 homicidios, de los cuales 12 fueron policías. A partir de 2017, los crímenes aumentaron, se perpetraron mil 96; de éstos, 12 fueron de uniformados; en 2018 se cometieron 2 mil 609 homicidios dolosos y de enero a noviembre de 2019 la cifra se elevó a 2 mil 520.

En 2018, 64 oficiales fueron privados de la vida y de enero a noviembre 2019, es la misma cifra, incluyendo tres elementos de la GN.

Ataques del CJNG

El 19 de diciembre, un comando asesinó a Jorge Valtierra Herrera, comisario morenista de seguridad en Acámbaro. El 11 de diciembre fueron atacadas las instalaciones de la policía de Villagrán, con saldo de tres oficiales ultimados y cuatro secuestrados, que horas después fueron privados de la vida. En un video el CJNG se adjudicó el atentado y difundió un interrogatorio donde los uniformados aceptan que trabajan para José Antonio Yépez El Marro, líder de Santa Rosa de Lima.

En un enfrentamiento el 17 de diciembre, en Yóstiro, municipio de Irapuato, murió un elemento de la GN. En la refriega fueron abatidos siete civiles, entre ellos una mujer.

En abril de 2018, el Congreso de Guanajuato reformó el Código Penal para castigar hasta con 60 años de prisión a quien asesine a un policía y elevó las penas por lesiones cuando sean infligidas a oficiales.

Los policías en el estado han sido asesinados en el cumplimiento de su deber, por temas personales o por posible relación con organizaciones criminales, argumentó Sophía Huett López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno (SG),.

Los homicidios de uniformados por cualquiera de las tres razones son francamente dolorosas, dijo.

Plaza atractiva para crimen

Sophía Huett sostuvo que la criminalidad y la violencia aumentaron porque Guanajuato se volvió una plaza atractiva por su economía, su posición geográfica y porque es atravesado por un tercio de los poliductos del país, por donde es transportada gasolina terminada.

Recordó que a 2016, la venta de droga y el robo del tren eran el negocio de grupos criminales. Cuando la autoridad logró disminuir el hurto de semillas, electrodomésticos, productos de belleza, entre otros transportados en tren, los grupos delictivos migraron al robo de hidrocarburo, con una complicidad institucional desde dentro de Petróleos Mexicanos.

“Lo que en algún momento había sido acaparado por pequeños delincuentes, lo tomó el cártel de Santa Rosa, llamó la atención de organizaciones delictivas vecinas, como el cártel Jalisco; lo que se buscó fue tomar el monopolio de esta actividad, y de ahí viene esta lucha por el territorio”, explicó.

El 90 por ciento de los homicidios dolosos están relacionados con actividades criminales y entre los fallecidos hay ciudadanos de bien, que merecen todo nuestro respeto, subrayó la funcionaria.

La violencia que generan CJNG y Santa Rosa es para generar control, pero el resto de los grupos criminales tienen actividad muy baja, sin intención de escalarla; estánen zona de confort, consideró.

Daños a la economía por extorsiones a negocios

A raíz del combate al robo de hidrocarburo, esta actividad criminal disminuyó, pero aumentaron las extorsiones, sobre todo en Celaya e Irapuato, donde negocios han tenido que cerrar. En Irapuato cerró la cadena de Tacos Samy y en Celaya una agencia de autos Ford.

De septiembre a noviembre del presente año, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que arrestó a 15 integrantes de bandas de extorsionadores, entre ellos dos agentes de Celaya.

En septiembre, la dependencia difundió que capturó a 8 integrantes de un grupo delincuencial –dos de ellos policías–, dedicados a cobrar piso y extorsionar en Celaya.

Este grupo ejecutó a tres mujeres en una tortillería y a un hombre en un negocio de materiales, después de una manifestación de comerciantes contra las extorsiones, el 9 de agosto pasado.

Arturo García Segura, presidente de la Cámara Nacional de la Industrial de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en el estado, reveló que debido a la inseguridad cerraron 16 micro, pequeñas y medianas empresas, que operaban en Villagrán, Irapuato, Salamanca, Celaya, Apeseo el Grande y Apaseo el Alto.

Asesinatos de funcionarios

La lideresa de Morena en el estado, Alma Alcaraz Hernández, exigió la renuncia del fiscal Carlos Zamarripa y el cese del secretario de Seguridad estatal, Álvar Cabeza de Vaca, por la violencia que ha convertido al estado en un infierno y por el asesinato de funcionarios.

El 19 de diciembre fue ultimado el titular de seguridad en Acámbaro, Jorge Valtierra Hernández; el 24 de septiembre, el regidor de Apaseo el Alto, Francisco García Ramírez; el 10 de octubre de 2018, el director de Apaseo el Alto, Santos Alonso Cerritos; y el 11 de mayo del año pasado, José Remedios Aguirre, candidato a edil de Apaseo el Alto.

Exigimos justicia para las víctimas y la renuncia del fiscal Zamarripa, por su ineficacia para resolver estos crímenes. ¡Alto a la violencia!, ¡estamos hartos!, reclamó.

Por los altos niveles de inseguridad, el dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes, también exigió resultados al fiscal y al secretario de Seguridad.

Pedimos al gobernador Sinhue Rodríguez que los resultados de la fiscalía sean más puntuales; se debe exigir más en la prevención del delito y debe acelerar y fortalecer la coordinación, señaló.

Rodríguez Vallejo afirmó que su estrategia de seguridad Golpe de timón ha debilitado a grupos delictivos, lo que, dijo, debe generar la disminución de los homicidios dolosos.
 

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